El Gobierno ha realizado una modificación legal en la transposición de una directiva europea, que eliminará la disposición que impedía la conmutación de penas para los presos de ETA que han cumplido parte de su condena fuera de España. Esta decisión se ha tomado en medio de presiones políticas de grupos como Bildu, que exigían un cambio en la legislación.

Se estima que hasta 44 presos de ETA podrían ver sus penas reducidas y, de ellos, 7 podrían salir en libertad gracias a esta reforma. Fuentes parlamentarias indican que no hay posibilidad de que esta modificación sea detenida en el Senado, dado que no se han presentado vetos ni enmiendas que puedan obstaculizar el proceso.

La historia del terrorismo en España ha cobrado mucha relevancia en los debates políticos recientes, con planes para que sea un tema de estudio obligatorio en la Selectividad, un movimiento que ha generado controversia entre diferentes sectores. En este contexto, la introducción de este cambio legal resalta la tensión existente entre la memoria histórica de las víctimas y los derechos de los presos, y plantea preguntas serias sobre el futuro de la justicia en el país.

Este giro legislativo ha levantado críticas entre muchas víctimas del terrorismo y sus familiares, quienes consideran que es un golpe a la memoria de quienes sufrieron a causa del terrorismo de ETA. La situación sigue siendo objeto de intenso debate en la sociedad española.