El Ministerio de Trabajo ha presentado nuevas iniciativas para la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media semanales, buscando un consenso en la mesa de negociación. Una de las principales novedades es el aumento de ayudas para las pequeñas y medianas empresas (PYMEs) con menos de 10 trabajadores. Estas ayudas no solo incluirán bonificaciones en la contratación de nuevos empleados indefinidos, sino también incentivos para convertir contratos a tiempo parcial en contratos a tiempo completo. Esto es especialmente relevante para sectores como el comercio y la hostelería, donde predominan las micropymes.

Joaquín Pérez Rey, secretario de Estado de Trabajo, aclaró en una comparecencia que se están considerando varias propuestas concretas en esta negociación. Sin embargo, los sindicatos han manifestado que no han visto avances significativos debido a la resistencia de las patronales a legislar sobre la reducción del horario laboral, proponiendo tratar el tema principalmente a través de convenios privados.

El Plan Pyme 375, que fue distribuido durante la reunión, especifica ayudas a la contratación de empleados para las empresas que necesiten aumentar su plantilla debido a esta nueva legislación. Estas ayudas se aplicarán en los primeros seis meses de implementación de la reducción de jornada y se extenderán por un año. A pesar de ello, aún no se han especificado las cuantías exactas de la ayuda, aunque se ha mencionado la posibilidad de llegar hasta el 100% en ciertos casos particulares, como la contratación de mujeres o jóvenes.

El gobierno estima que unas 80,000 empresas se beneficiarán de estas medidas, lo que podría resultar en la creación de aproximadamente 65,000 nuevos empleos de jornada completa. Pérez Rey ha destacado que esta reducción de jornada no solo beneficia a los empleados, sino que también puede actuar como un motor para mejorar la calidad del empleo en el país.

En cuanto a las sanciones, se ha enfatizado la necesidad de endurecer las mismas debido al incumplimiento del registro horario, que actualmente se considera insuficiente. Las nuevas propuestas contemplan sanciones individuales por trabajador en lugar de sancionar solamente a la empresa. Según la legislación actual, la multa más alta asciende a 7,500 euros por empresa, sin importar cuántos empleados estén involucrados en la infracción.

Además, el Ministerio ha propuesto que el registro horario sea digital y manipulable sólo para la Inspección de Trabajo, asegurando así un cumplimiento más riguroso. Pérez Rey subrayó que las infracciones que pongan en peligro la seguridad y la vida de los trabajadores deberán llevar sanciones considerablemente mayores, enfatizando que "cuando el tiempo de trabajo mata, las penalizaciones deben ser disuasorias".

Con estas medidas, el Ministerio de Trabajo busca no solo mejorar las condiciones laborales, sino también asegurar un entorno más seguro y estable para todos los trabajadores en España.