Ana Caballero, la nueva presidenta del Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU), ha hecho temblar el sector aéreo al declarar que cinco aerolíneas sancionadas han cometido "infracciones muy graves". Desde su nombramiento el verano pasado, en sustitución de Carlos Ballugera, ha puesto en el punto de mira las prácticas abusivas que han afectado a millones de pasajeros en España.

Estas sanciones, correspondientes a un procedimiento iniciado en 2023 cuando Bibiana Medialdea era secretaria general de Consumo, han estado sujetas a apelaciones por parte de las aerolíneas afectadas. Sin embargo, ahora le corresponde al ministro Pablo Bustinduy, de Derechos Sociales y Consumo, actuar conforme a la nueva normativa que ha transformado el paisaje de la protección al consumidor.

"Desde el CCU, instamos a los consumidores a que ejerzan su derecho a reclamar a través de nuestras asociaciones en toda España. Es crucial que estemos protegidos frente a los abusos que pueden surgir en este entorno asimétrico donde las empresas ostentan un gran poder", aclara Caballero.

La jurista no escatima en elogios sobre la importancia de proteger los intereses de los consumidores. Sin embargo, aclara que necesitan analizar a fondo la orden ministerial antes de pronunciarse con claridad. La multa impuesta, que asciende a la asombrosa cifra de 179 millones de euros, corresponde a prácticas comerciales de primer nivel.

Caballero destaca que es un hito histórico, pues es la primera vez que la Administración General del Estado se pronuncia con firmeza en materia de consumo desde que se le otorgaran competencias sancionadoras en 2022. Sorprendentemente, la sanción representa entre el 6% y el 8% de los beneficios ilícitos obtenidos por estas aerolíneas.

La vía administrativa se cierra con esta resolución, aunque los implicados todavía cuentan con la opción de recurrir ante la Audiencia Nacional en un plazo de dos meses. No se descarta que soliciten una medida cautelar que les permita evadir el pago de la multa hasta lograr una resolución final.

Más allá de las sanciones, se ha observado que estas aerolíneas han estado en la mira de las autoridades durante años, particularmente por no atender debidamente las reclamaciones de los consumidores. Ana Caballero menciona que la situación es alarmante, ya que Ryanair ha recibido numerosas advertencias por sus políticas abusivas, especialmente en relación al equipaje de mano, algo que contradice la normativa europea.

Otro punto destacado en la actual coyuntura es que, hasta que la orden ministerial no sea firmada, las aerolíneas aún pueden aplicar tarifas por el equipaje, lo que puede generar frustración entre los consumidores. Además, junto a la sanción, se establece que deben cesar inmediatamente sus prácticas abusivas.

La presidenta del CCU también subrayó que los retos actuales son la sostenibilidad y la digitalización. Según sus declaraciones, el CCU está comprometido a combatir el greenwashing y proteger a los consumidores digitales, aquellos que a menudo se ven obligados a recurrir a los tribunales para recuperar su dinero ante fraudes.

Además, se han fortalecido las relaciones con expertos del Banco de España para crear protocolos que mejoren la efectividad de las reclamaciones de los consumidores ante posibles disputas con entidades financieras. Cabe señalar que, durante el año pasado, el Banco de España realizó 178 acciones supervisoras relacionadas con la protección del cliente bancario.

Ana Caballero también habló sobre las controvertidas tarjetas revolving, un tema que sigue generando miles de quejas de los consumidores. Insistió en la necesidad de mejorar la educación financiera para que los ciudadanos puedan tomar decisiones más informadas y evitar caer en este tipo de trampas.

Finalmente, ha manifestado que se está preparando una campaña para dar a conocer el papel del CCU en la defensa de los derechos de los consumidores, así como el seguimiento de importantes iniciativas legislativas que impactarán tanto en el sector de la atención al cliente como en el consumo sostenible.

"Estamos a la espera de una decisión crucial del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que podría influir enormemente en la situación de los consumidores", concluyó Caballero. Mientras los ojos de los consumidores siguen observando esta evolución, solo queda esperar cómo se desarrollará esta historia y qué implicaciones tendrá para las aerolíneas y sus políticas.