La reciente detención de un individuo que amenazó de muerte al presidente valenciano, Carlos Mazón, a través de redes sociales, ha destapado un preocupante panorama de violencia digital en el ámbito político. Según declaraciones de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, no se trata de un caso aislado, ya que se han presentado tres denuncias adicionales relacionadas con amenazas contra el líder del Consell. Estas situaciones han llevado a un aumento en los protocolos de seguridad en torno al presidente, como recomendó su equipo de escoltas.

La vicepresidenta y portavoz del Consell, Susana Camarero, ha manifestado en la rueda de prensa posterior al pleno semanal que las amenazas están bajo la investigación de las fuerzas del orden, quienes serán las encargadas de determinar la gravedad de estos incidentes. Camarero condenó enérgicamente estos actos violentos e hizo un llamado al Gobierno para que se pronuncie públicamente sobre la detención, argumentando que la ausencia de un comunicado oficial podría dar la sensación de complacencia hacia tales comportamientos.

La portavoz también expresó su sorpresa por la falta de información sobre la detención, que tuvo lugar el 27 de marzo, señalando que un pronunciamiento podría tener un efecto disuasorio y contribuir a evitar la normalización de las amenazas en la política. Como ejemplos, recordó que en situaciones similares, como con otras figuras públicas como Ione Belarra y Reyes Maroto, se emitieron comunicados para tomar una postura firme contra la violencia.

Camarero advirtió que la atmósfera política actual es inaceptable y que el "discurso del odio" solo alimenta más odio. Hizo un llamado a todos los políticos para que se midan en sus palabras y acciones, ya que los insultos y las intimidaciones pueden conducir a una mayor polarización y conflicto social.

Un reflejo de la creciente tensión fue la reciente visita de Mazón a las Gaiates de Castellón, donde tuvo que cancelar parte de su agenda debido a la presencia de manifestantes, que según Camarero, se han movilizado en "grupos violentos organizados". Aunque el presidente intentó seguir adelante con sus actividades, finalmente se decidió suspender un acto por motivos de prudencia y por recomendación de seguridad.

Por otro lado, la delegada del Gobierno ha hecho un firme llamado a condenar todos los ataques y amenazas, lamentando que las redes sociales se hayan convertido, desgraciadamente, en un canal para la difusión del odio y amenazas. Anima a que las personas afectadas denuncien estas conductas, ya que permitiría a la Policía actuar con efectividad.

La situación actual pone de manifiesto un fenómeno alarmante en la política valenciana, donde el debate se ha tornada peligroso, e invita a la reflexión sobre cómo las palabras pueden incitar a la violencia. Queda claro que es necesario un esfuerzo colectivo por parte de todos los actores políticos para restaurar un ambiente de respeto y civilidad.