Este sábado, Valencia volvió a llenarse de ciudadanos indignados que salieron a las calles para manifestarse contra el Gobierno de la Comunidad Valenciana, exigiendo la dimisión del president Carlos Mazón tras la gestión de la crisis provocada por la dana. A pesar de que la asistencia ha sido menor que en marchas anteriores, con un estimado de 25,000 asistentes según la Policía Local, los organizadores consideran que el hecho de continuar con estas movilizaciones es fundamental para hacer presión sobre el gobierno.

Las pancartas portadas por los manifestantes reflejaron un claro descontento hacia Vox, el partido de extrema derecha que ha apoyado a Mazón en la aprobación de los presupuestos autonómicos. La situación se ha vuelto más crítica después de las recientes declaraciones de Mazón, quien expresó que sería útil conocer el origen de los presuntos saqueadores durante la crisis, lo que generó una ola de acusaciones de racismo y xenofobia.

Entre los protestantes, Juan Cerdán, de 66 años, manifestó su rechazo a la retórica xenófoba de Mazón, recordando que los inmigrantes jugaron un papel crucial en las labores de rescate durante los primeros días de la crisis. Esta queja se ve reforzada por una reunión reciente de un grupo de migrantes en el Ayuntamiento para conmemorar el Día Internacional contra el Racismo y la Xenofobia.

Los asistentes criticaron el pacto entre Mazón y Vox, alegando que es una estrategia desesperada para mantenerse en el poder y asegurar un sueldo vitalicio. Según fuentes, si Mazón se mantiene en el cargo hasta el 13 de julio, alcanzará dos años de mandato, lo que le permitiría recibir un salario anual de 75,000 euros por quince años.

En la mira de los manifestantes está la gestión de Mazón, a quien acusan de una 'gestión nefasta'. La presión aumenta debido a la investigación que lleva a cabo la jueza de Catarroja, Nuria Ruiz, sobre las responsabilidades de la administración en la crisis y que está generando expectativa entre los ciudadanos que esperan resultados concretos.

Durante la marcha, se mostró también apoyo a los equipos de emergencia, quienes trabajaron incansablemente durante la crisis. Ángels López, enfermera del centro de salud de Alzira, defendió a sus colegas y reclamó responsabilidad del Consejero de Sanidad, Marciano Gómez, por lo que consideró una negligencia durante la alerta roja.

La manifestación culminó en la Plaza de la Mare de Déu, donde se leyó un manifiesto que criticó el actuar de Mazón al encontrarse con familiares de víctimas semanas después de la tragedia. Los organizadores reprocharon que aún no ha pedido disculpas ni se ha hecho presente ante las asociaciones de afectados.

Los voceros también condenaron el acuerdo presupuestario entre Mazón y Vox, argumentando que este pacto es tanto legal como ilegítimo, y que perpetúa políticas que niegan el cambio climático y atacan a los migrantes. Esta situación ha generado un sentimiento de urgencia entre los ciudadanos, quienes solicitan una respuesta adecuada y la rendición de cuentas por parte de los responsables.