El instructor del Tribunal Supremo que lleva la investigación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha tomado una decisión crucial al ordenar a la seguridad de la Fiscalía General que mantenga las grabaciones del día del registro en su despacho. Esta determinación, revelada por La Vanguardia, es parte de una providencia emitida por el magistrado Ángel Hurtado, quien insiste en que no se eliminen las grabaciones de las cámaras que observan el salón noble del edificio. Se especifica que la preservación de estas grabaciones debe cubrir el intervalo comprendido entre las 18:00 y 19:45 del 30 de este mes.

La decisión del juez responde a una solicitud de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), que actúa como acusación popular. Aparentemente, el día en que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil llegó para clonar toda la información de los dispositivos de García Ortiz, se pudo haber llevado a cabo una reunión entre él y la teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, justo en medio del registro.

¿Por qué es tan significativa esta reunión? Sánchez Conde es la responsable del caso contra García Ortiz, que enfrenta acusaciones por revelación ilícita de secretos. Notas entregadas al juez indican que ella había quedado exenta de informar a su superior, lo que subraya la compleja situación de presunta falta de imparcialidad.

Algunos sectores solicitaron que García Ortiz fuera suspendido de su cargo como fiscal general para garantizar la objetividad en la investigación que le involucra, y se pedía también que se excluyera a Sánchez Conde del caso. Sin embargo, estas solicitudes fueron denegadas por el juez Hurtado.

La investigación que enfrenta García Ortiz gira en torno a una posible revelación de secretos relacionada con la filtración de correos electrónicos entre el abogado de la pareja de Isabel Díaz Ayuso y el fiscal que le investiga por fraude fiscal. Recientemente, la UCO presentó un informe que sugiere que el fiscal general desempeñó un papel central en la divulgación de estos correos, lo que podría tener graves repercusiones tanto para su carrera como para la imagen de la Fiscalía en su conjunto.

Este escándalo desata un torbellino de cuestionamientos sobre la ética y el manejo de la justicia en España, y la presión está en aumento para descubrir la verdad detrás de estas acusaciones. ¡No te pierdas las actualizaciones sobre este apasionante desarrollo!