En un desenlace impresionante, la COP29 celebrada en Bakú alcanzó un acuerdo crucial en la madrugada del domingo, asegurando una financiación climática de 290.000 millones de euros anuales para los países en desarrollo. Este acuerdo, que fue el resultado de intensas negociaciones y estuvo al borde del colapso, representa un salto significativo en el compromiso de las naciones ricas con la lucha contra el cambio climático.

El pacto exigió a todos los actores, tanto públicos como privados, colaborar para reunir al menos 1,3 billones de dólares anuales para 2035, enfatizando la necesidad de que los "países emergentes" como China, India y Arabia Saudí realicen contribuciones voluntarias. La COP30 se celebrará en Brasil y allí se espera que se continúe avanzando en la llamada Hoja de ruta de Bakú a Belém, poniendo mayor presión sobre las economías desarrolladas para que cumplan sus compromisos.

El presidente de la COP29, Mukhatar Barbayev, recibió críticas por su gestión durante las negociaciones, pero finalmente logró cerrar el acuerdo que reemplaza la vieja meta de financiación. Aunque algunos delegados estaban insatisfechos con los términos, el consenso prevaleció y se destacó la urgencia de obtener resultados en medio de la difícil situación climática actual. Juan Carlos Monterrey, portavoz de Panamá, indicó que, a pesar de los problemas, veía "luz" al final del túnel después de ser crítico con los anteriores borradores.

¡Nuevas reglas de carbono revolucionarias!

Antes de este acuerdo, se alcanzó un avance significativo en la formulación de reglas para un mercado global de compra-venta de créditos de carbono, un tema que ha sido un punto muerto desde la firma del Acuerdo de París en 2015. Estas reglas tienen el potencial de ahorrar hasta 250.000 millones de dólares anuales en la implementación de las estrategias climáticas nacionales, lo que representa un paso adelante para lograr un compromiso global más efectivo.

Sin embargo, las tensiones fueron palpables, ya que muchos países en desarrollo reclamaban una financiación mucho mayor, sugiriendo cifras entre un billón y 1,3 billones de dólares al año. Las negociaciones, marcadas por desacuerdos sobre cuánto deberían contribuir los países ricos, se cerraron solo bajo presión intensificada y un llamado al compromiso global más equitativo frente a la crisis climática.

A medida que las naciones se esforzaban por establecer un consenso en Bakú, el secretario general de la ONU, António Guterres, intervino, instando a los países desarrollados a elevar su compromiso a 300.000 millones anuales, lo que resultó en una recepción mixta entre las naciones ricas. La Unión Europea inicialmente aceptó la solicitud, mientras que otras naciones como Canadá, Japón y Estados Unidos, que tiene un historial problemático bajo la administración de Donald Trump, mostraron reticencias.

Finalmente, se hizo un llamado a China y Arabia Saudí para que participen activamente, lo cual es más que pertinente debido a la antiquada clasificación de "países en desarrollo", que data de tres décadas y requiere una revisión urgente. La financiación estará mayoritariamente a cargo de países como la Unión Europea, Estados Unidos, Japón, Canadá y varias naciones del hemisferio sur que, a partir de este acuerdo, asumen un papel mucho más crucial en la ofensiva contra el cambio climático.