La situación de los trabajadores extranjeros en España es alarmante. Se enfrentan a un panorama donde tienen más probabilidades de recibir salarios bajos y de caer en el desempleo en comparación con sus contrapartes nacionales. Esta problemática se extiende también al ámbito educativo, donde los estudiantes extranjeros experimentan tasas más altas de abandono escolar y acoso en las aulas. Un reciente informe del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia, elaborado por la Universidad Autónoma de Madrid, revela que la discriminación no solo es una injusticia social, sino que también causa un impacto económico devastador, estimado en 17.000 millones de euros al año, lo que representa alrededor del 1,3% del PIB de España.

Este informe llega en un momento crucial, justo antes de que el Ministerio de Migraciones presente un nuevo reglamento de la Ley de Extranjería, que busca facilitar el acceso de los ciudadanos extranjeros a autorizaciones de residencia y trabajo. Sin embargo, las cifras presentadas ponen de manifiesto que se necesita una acción urgente y efectiva.

Los autores del estudio, Ramón Mahía Casado y Eva Medina Moral, subrayan que el coste económico asociado a la discriminación laboral se eleva a 5.100 millones de euros, alrededor del 0,38% del PIB, debido a que los residentes extranjeros tienen un 5% más de probabilidades de estar desempleados. Además, se estima que los inmigrantes suelen estar sobrecualificados, ya que tienen un 15% más de posibilidades de ser empleados en trabajos que no corresponden a su nivel de cualificación, lo que equivale a una pérdida de 2.800 millones de euros (0,21% del PIB).

La brecha salarial también es preocupante. Los extranjeros, especialmente las mujeres, ganan de media 48 euros menos al mes que sus pares autóctonos, lo que se traduce en un impacto macroeconómico de 2.200 millones de euros anuales (0,17% del PIB). Esta disparidad es una clara indicación de que la discriminación salarial es un fenómeno significativo que necesita ser abordado.

En el ámbito educativo, los estudiantes inmigrantes enfrentan obstáculos desde el comienzo de su adaptación. La tasa de escolarización de los estudiantes autóctonos es un 17% superior a la de los inmigrantes. Este fenómeno también se traduce en un mayor abandono escolar, costando a España 102 millones de euros. Asimismo, las oportunidades de acceder a la educación superior están claramente perjudicadas, con una pérdida económica calculada en 3.889 millones de euros tras finalizar el bachillerato.

El Gobierno de España ha comenzado a abordar estas preocupaciones mediante diversas medidas. La ministra de Migraciones, Elma Saiz, ha destacado la necesidad de reformar la Ley de Extranjería para garantizar una integración efectiva de los inmigrantes en la sociedad española, asegurando que tengan los mismos derechos y obligaciones que los ciudadanos nativos. Esta reforma es crucial, considerando que han pasado 13 años desde que se realizó un cambio significativo en la legislación de extranjería.

Además, este informe invita a reflexionar sobre la necesidad de un Plan Nacional de Integración y Convivencia Intercultural que, según el presidente Pedro Sánchez, se centra en evitar errores del pasado y fomentar la inclusión laboral y social de los migrantes. Ante estos desafíos, queda claro que la discriminación no solo es un problema moral, sino también económico que el Estado español no puede permitirse ignorar.