País

La exconsejera de Emergencias se defiende en el caso de inundaciones mortales

2025-03-24

Autor: Lucia

Salomé Pradas, la exconsejera de Justicia e Interior de la Generalitat Valenciana, ha declarado que se siente como una "cabeza de turco" en la investigación que busca respuestas por la trágica muerte de 225 personas y la desaparición de tres más durante las catastróficas inundaciones del 29 de octubre.

Su abogado, el exmagistrado Eduardo de Urbano, ha presentado un recurso de apelación en el que critica la imputación de Pradas y de su colaborador Emili Argüeso, sugiriendo que la situación es mucho más compleja que el retraso en el aviso de alerta a los móviles, que llegó a las 20:11h, cuando ya había decenas de víctimas.

La defensa argumenta que la exconsejera no puede ser considerada la máxima responsable de lo que consideran la mayor catástrofe natural en Valencia, buscando aclarar que la responsabilidad penal debe ser individual.

De acuerdo con las afirmaciones del letrado, durante la emergencia no había claros protocolos de actuación ni colaboración efectiva con el servicio 112 y las autoridades de protección civil, lo que contribuyó a la falta de respuesta efectiva.

Pradas también ha desafiado la calificación de la jueza como "máxima autoridad" en el manejo de la crisis, alegando que la responsabilidad era compartida con la Delegación del Gobierno.

La magistrada, sin embargo, ha sostenido que la gestión de la crisis recaía en las autoridades autonómicas y decidió no imputar a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, en respuesta a una solicitud de la asociación Hazte Oír.

Además, en su defensa, Salomé Pradas hace hincapié en la necesidad de investigar a organismos estatales como la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y la Confederación Hidrográfica del Júcar, sugiriendo que las verdaderas causas de las inundaciones no solo fueron las lluvias, sino también la falta de ejecución de obras de encauzamiento que podrían haber mitigado el impacto.

La defensa también ha manifestado que se trata de una situación "desesperante" y "sin precedentes" para cualquier gestión en emergencias, reiterando que la ausencia de regulaciones claras en ese momento contribuyó a la magnitud de la tragedia.