Sin presupuestos, sin mayoría estable y con una situación económica que, aunque envidiable, se ve opacada por la presión judicial y parlamentaria. Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno español, navega en un mar de contradicciones. Su lema, "Un día más en La Moncloa, un día menos para el enemigo", refleja su batalla diaria por mantener el poder a pesar de las adversidades. Esta lucha se vuelve cada vez más palpable con cada ley que aprueba, una victoria que parece costarle algo más cada vez.

El último peaje que el Gobierno ha tenido que pagar se dio con Junts, el partido de Carles Puigdemont, al acordar la reubicación de 4.400 menores migrantes de Canarias y Ceuta a Cataluña. Este acuerdo se realizó solo después de que se aprobara la delegación de competencias migratorias a la Generalitat, lo que resulta paradójico: un decreto que reafirma la competencia estatal en materia de inmigración queda alineado con decisiones que permiten que Cataluña gestione estos temas. Es un ejemplo clásico de cómo la política española ha deambulado entre la legalidad y las concesiones políticas, creando una confusión similar a un experimento de Schrödinger.

Cabe destacar que este nuevo decreto ha revitalizado al Partido Popular (PP) de Alberto Núñez Feijóo, después de tensiones internas por el pacto con Vox en Valencia. Dirigentes del PSOE reconocen abiertamente que esta jugada, aunque favorable para Junts en términos de políticas migratorias, ha facilitado el aire que el PP necesitaba.

El texto del decreto menciona claramente que "el Estado ostenta competencias en materia de nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo", alineándose con lo establecido en el artículo 149 de la Constitución Española. Esto establece que aunque las competencias se deleguen a Cataluña, la responsabilidad última recae en el Estado.

También es crucial mencionar que el Tribunal Constitucional ha enfatizado que la competencia en materia de inmigración se extiende a garantizar derechos fundamentales tanto a ciudadanos españoles como a extranjeros. Esta aclaración se opone a la narrativa de Junts, que busca un enfoque más nacionalista en la gestión de la inmigración.

Junts ha condicionado su apoyo a que la reubicación de menores se limite a una sola ocasión, dejando claro que no desean establecer un precedente que otorgue permanentemente esas competencias a la Generalitat en crisis migratorias futuras. Miriam Nogueras, representante de Junts, prometió colaborar en esta única reubicación con el fin de aliviar la presión sobre los centros de acogida en las Islas Canarias.

La falta de apoyo al Gobierno en las cuestiones migratorias pone de manifiesto una problemática más amplia: Junts se enfrenta a críticas internas y externas, pues mientras buscan más poder, tienen que lidiar con su propia base electoral, que no siempre es homogénea. La contradicción se vuelve aún más evidente cuando se considera que la ejecución de estas competencias recaerá en Salvador Illa, un socialista, y no en un líder de Junts.

No hay que dejar de lado que el verdadero conflicto no es solo sobre competencias y gestión, sino también sobre la identidad y el voto. Junts, al parecer, no se siente respaldado por aquellos a quienes intenta representar, lo que genera un dilema que amenaza su propio futuro político. En este contexto, el mantra parece claro: no se trata solo de la lengua, sino del apoyo electoral.