Carlos Mazón, líder del Partido Popular (PP) en la Comunitat Valenciana, ha vuelto a aliarse con Vox para los presupuestos de la Generalitat de 2025, después de 642 días desde su primer pacto que permitió la entrada de Vox en el Consell. Este acuerdo original, firmado tras la elección de Mazón como presidente, incluía 50 iniciativas, muchas de ellas controvertidas. Ahora, con Vox en posición de influir decisivamente en el presupuesto, el PP deberá trabajar para integrar al menos 24 exigencias que su socio ha presentado en el Parlamento, lo que ha desatado nuevos debates y tensiones políticas.

Este nuevo pacto no solo permite a Vox recuperar temas que fueron relegados, sino que también muestra una evolución en sus demandas. Anteriormente, Mazón trató ciertos puntos polémicos con cautela, pero ahora las exigencias de Vox son más directas. Por ejemplo, la Ley de Libertad Educativa, uno de los logros del acuerdo inicial, ya está lista para ser aplicada en el próximo curso, garantizando la libre elección de centro y lengua de enseñanza. Sin embargo, Vox ahora también presiona por un sistema educativo que priorice su visión, lo que ha generado preocupación entre grupos académicos y educativos.

Otro punto destacado del pacto es la Ley de Concordia, diseñada para abordar la derogación de normativas relacionadas con la memoria histórica, como la Ley de Memoria Democrática. Aunque se anunció que el Gobierno central llevaría esta ley al Tribunal Constitucional, Vox ahora exige que se eliminen todos los fondos destinados a proyectos de memoria histórica, lo que implicaría un recorte de al menos el 40% en esas asignaciones. Esta postura ha generado un gran debate en la sociedad valenciana, que todavía se enfrenta a las repercusiones históricas de la guerra civil y la dictadura.

Además, la recuperación de la Ley de Señales de Identidad, originalmente adoptada por el PP bajo el liderazgo de Francisco Camps, sigue siendo un tema candente. Aunque se han hecho avances en la reducción de subvenciones a organizaciones que promueven "los países catalanes", Vox está pidiendo recortes significativos en el presupuesto destinado a la promoción y defensa del valenciano, algo que ha alarmado a la comunidad cultural.

También se han producido cambios en la política de igualdad. Aunque Mazón incrementó el presupuesto para la atención a víctimas de violencia de género, Vox ha solicitado un recorte en estas áreas, lo que ha suscitado una fuerte reacción de grupos feministas y de derechos humanos. Ya no se trata solo de una simple colaboración entre partidos, sino de un asalto directo a políticas que han intentado avanzar en la igualdad de género en la región.

Por otro lado, temas como la ocupación ilegal han regresado al centro del debate. Vox ahora pide acciones más concretas como la creación de fondos para realizar pruebas de edad a inmigrantes y un plan de repatriación. Este endurecimiento de la postura de Vox coincide con un aumento de la retórica antiinmigración que ha estado en el centro de su estrategia política desde hace meses.

Finalmente, la nueva agenda de Vox incluye demandas que podrían cambiar la forma en que se gestiona la cooperación internacional desde la Comunitat Valenciana, proponiendo grandes recortes en los fondos destinados a la cooperación, particularmente aquellos que apoyan iniciativas relacionadas con el pueblo palestino, lo que reafirma su postura política más nacionalista y su rechazo a ciertos compromisos globales.

En resumen, este nuevo pacto entre Mazón y Vox no solo es un acuerdo político, sino una representación del futuro político de la Comunitat Valenciana, donde las exigencias de Vox parecen ser cada vez más influyentes y su agenda más agresiva. ¿Estamos ante un cambio significativo en las políticas valencianas o simplemente ante un juego de poder entre partidos?