María Jesús Montero continúa en el ojo del huracán judicial tras sus recientes declaraciones sobre el caso de Dani Alves. Después de retractarse por las controversias suscitadas, que muchos interpretaron como un cuestionamiento de la presunción de inocencia, la vicepresidenta primera del Gobierno ha dirigido críticas a las asociaciones judiciales que la reprocharon por sus comentarios. En este contexto, ha manifestado que le "llama la atención" la reacción unánime de estas entidades y ha convocado a que muestren "la misma contundencia" cuando partidos como el PP "cuestionan sentencias" o ignoran lo que dice el Tribunal Constitucional.

Durante un desayuno informativo organizado por El Correo de Andalucía en Sevilla, Montero no solo lanzó críticas a las asociaciones judiciales, sino también al Partido Popular. afirmó que "la mayoría de juristas del país" realizan un trabajo "intachable y neutral", con una "aplicación rigurosa de las leyes". Sin embargo, según Montero, la "notoriedad" de los casos judiciales surge principalmente en situaciones mediáticas y allí es donde exige una postura firme de las asociaciones judiciales, especialmente cuando "un magistrado hace un pronunciamiento político" o critica leyes como la de amnistía o a "determinadas ministras de Igualdad".

Su mención a un juez específico, Eloy Velasco, quien se enfrentó a Irene Montero por la ley del solo sí es sí y las reducciones de pena a delincuentes sexuales, resuena fuerte. "Es curioso cómo se activan ciertos resortes cuando se habla de igualdad", indicó, comparando la controversia en torno a sus palabras sobre el caso Alves, con la discusión provocada por la mencionada ley que unió a PSOE y PP para modificar su texto y eliminar las reducciones de pena.

"Lo que verdaderamente importa es la profundidad de este debate", ha enfatizado la vicepresidenta, quien también hizo referencia al caso de 'La Manada' y su impacto en la percepción de las mujeres que sufren violencia sexual. Montero advirtió sobre el peligro de que las víctimas sientan que sus testimonios "no tienen credibilidad", lo que podría llevar a que muchas chicas decidan permanecer en silencio "con ese dolor", lo que plantea un serio retroceso en los avances logrados en esta área. Según Montero, la omisión del "consentimiento" en el debate público es uno de los problemas recurrentes que limita el progreso en estas conversaciones.

Además, Montero mencionó la disputa surgida entre la Audiencia de Sevilla y el Tribunal Constitucional en relación con la revisión del caso de los ERE. Aunque optó por eludir detalles del debate jurídico, estableció una comparación entre la reacción de "la derecha conservadora" frente a una serie de sentencias que afectaron a un grupo de exdirigentes del PSOE andaluz, entre los cuales se encontraban Manuel Chaves y José Antonio Griñán, lo que marca un episodio histórico relevante en la política española.