La situación del catalán en Catalunya es crítica. A medida que la natalidad disminuye y la llegada de migrantes se incrementa —más de dos millones en los últimos años—, el uso habitual del catalán se encuentra en riesgo. Teresa Vilà, traductora, lingüista y miembro de la Plataforma per la Llengua, señala que el 32,6% de la población de Catalunya utiliza el catalán como lengua habitual, lo que representa una disminución alarmante desde 2003, cuando el porcentaje era notablemente más alto.

La última encuesta de usos lingüísticos revela que solo 336,000 personas emplean el catalán de manera constante, mientras que 1,6 millones nunca lo hablan. A pesar de que el bilingüismo ha aumentado del 7,4% al 9,4%, sólo el 50,5% de los migrantes sabe hablar catalán, aunque un 80% asegura que lo entiende. Esto refleja que el problema no proviene de la falta de comprensión, sino de la falta de uso debido a un entorno que no incentiva la comunicación en catalán, advierte Vilà.

Los migrantes son frecuentemente considerados responsables de esta tendencia negativa. Sin embargo, el Sindicato de Vendedores Ambulantes de Barcelona ha dejado claro que este retroceso no se debe a ellos, sino a la falta de políticas efectivas por parte de la administración, que no ofrece suficientes oportunidades para aprender el idioma. Además, resaltan las barreras que enfrentan los migrantes, como la falta de plazas en los cursos, dificultades de inscripción y la necesidad de equilibrar el trabajo y las responsabilidades familiares.

Por su parte, Òmnium Cultural ha presentado un manifiesto que insta al gobierno a ampliar la oferta de cursos a 200,000 plazas anuales y a fomentar un entorno en el que el uso del catalán sea habitual y sin prejuicios. "No se puede culpar a los migrantes; las políticas han sido insuficientes y no garantizan que el catalán sea esencial para vivir aquí", dice Vilà.

La situación es aún más complicada cuando se introduce la idea de convertir el dominio del catalán en un requisito para el permiso de residencia. Esto, aunque puede ser visto como un paso necesario para promover la integración, tiene que ir acompañado de la creación de un entorno que facilite el aprendizaje y el uso del idioma. Esta perspectiva ha llevado a la Generalitat a invertir 8.8 millones de euros en un plan que pretende crear 30,000 nuevas plazas en cursos de catalán, aunque todavía se considera insuficiente por organizaciones como Plataforma per la Llengua que reclaman un enfoque más proactivo.

Para que el catalán sea realmente utilizado entre los migrantes, se proponen varias medidas: desde exigir conocimiento del catalán como requisito para permisos de residencia, hasta hacerlo obligatorio en empresas con contratos públicos y en ciertos sectores laborales, como la restauración y atención al público. Asimismo, enfatizan la necesidad de implementar inspecciones y sanciones para asegurar el cumplimiento en áreas donde el uso del catalán debería ser imperativo.

Finalmente, es fundamental actuar en los barrios donde la inmensa mayoría de los migrantes se asientan, que suelen ser predominantemente castellanohablantes, resultado de oleadas migratorias pasadas. Es aquí donde el catalán tiene que encontrar un espacio para crecer y ser absorbido por la nueva población, a fin de consolidar un futuro lingüístico inclusivo y diverso. La lucha por el catalán no sólo es una cuestión cultural, sino también un desafío social que requiere un compromiso firme de toda la sociedad en Catalunya.