Eliminar la dependencia de minerales críticos del exterior es una de las prioridades de la agenda de Sara Aagesen, La ministra de Transición Ecológica busca nuevas alternativas para la recuperación de estos recursos en yacimientos y escombreras por todo el país. En un giro sorprendente, el Gobierno ha decidido implementar una ley que obligará a los fabricantes de móviles, ordenadores y electrodomésticos a costear la reparación de sus productos, incluso cuando ya haya expirado el período de garantía.

Esta nueva norma está en las etapas finales de desarrollo en el Ministerio de Consumo, pero ya forma parte de un conjunto de medidas presentadas recientemente por el Ministerio de Transición Ecológica. El proyecto consiste en establecer un fondo, financiado por importantes fabricantes como Bosch, LG, Apple y Samsung, destinado a cofinanciar la reparación de productos domésticos comunes técnicamente reparables, que van desde neveras y lavadoras hasta televisores, móviles y portátiles.

El modelo de cofinanciación que el Gobierno propone ha sido ya aplicado en otros sectores, como el energético, donde las empresas dueñas de centrales nucleares aportan recursos a un fondo estatal para la gestión de residuos. Ahora, el Gobierno busca garantizar que las compañías que se benefician de la venta de productos deben asumir también la responsabilidad de su reparación, incluso una vez que la garantía legal haya finalizado.

El objetivo de esta medida es fomentar que los ciudadanos elijan reparar su lavavajillas roto, en lugar de comprar uno nuevo, promoviendo así una cultura de sostenibilidad. Además, se pretende desincentivar la obsolescencia programada, una práctica empresarial que reduce deliberadamente la vida útil de los productos para estimular ciclos de compra más rápidos.

"Este fondo tiene precedentes en otros países y se suma a otras iniciativas para potenciar la reparabilidad y durabilidad de los productos más allá de su fecha de garantía", señalan fuentes del Ministerio que dirige Pablo Bustinduy. La inclusión de esta medida en el Plan de Acción 2025-2029 busca garantizar el suministro de minerales estratégicos, como el litio, cobre y níquel, esenciales para el desarrollo de la economía moderna. La creciente presión en Europa por asegurar el acceso a estos recursos estratégicos se encuentra en sintonía con la implementación de este fondo.

La propuesta se alinea con el "derecho a reparar", establecido en una directiva europea aprobada el año pasado, que los estados miembros deben transponer antes del 31 de julio de 2026. Según fuentes del Ministerio de Consumo, se prevé incluir esta iniciativa en el Anteproyecto de Ley de Consumo Sostenible, que está actualmente en proceso y que será sometido a audiencia pública muy pronto. Con esta legislación, el Ministerio se encargará de integrar la directiva europea, promoviendo la reparación de productos bajo la responsabilidad de los vendedores y transformando nuestra relación con la tecnología y los electrodomésticos.