El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, antiguo fiscal general del Estado en la era de José Luis Rodríguez Zapatero, está ejerciendo una presión sin precedentes para evitar que los jueces de la Audiencia de Sevilla remitan una consulta al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Esto se debe a la reciente anulación parcial de penas a ex altos cargos socialistas, gracias a una mayoría progresista en el Constitucional.

A pesar de las tensiones, la Audiencia de Sevilla, que ya emitió la primera sentencia en el caso ERE en noviembre de 2019, se mantiene firme en su postura. Argumentan que las sentencias del TC pueden estar en desacuerdo con el Derecho comunitario, el cual debería prevalecer sobre las decisiones de cualquier Estado miembro. Además, expresan su preocupación de que el Constitucional esté transgrediendo normas europeas sobre la lucha contra la corrupción, un punto que fue especialmente subrayado por los magistrados conservadores durante sus votos en desacuerdo.

La Audiencia de Sevilla ha pedido formalmente aclaraciones al TC, mostrando su determinación de no ceder ante la presión de Cándido Conde-Pumpido. Han solicitado que se justifique la razón de la solicitud del Constitucional, que pretende conocer si es viable presentar una cuestión prejudicial al TJUE sobre la validez de las sentencias que moderan las penas a antiguos altos cargos de la Junta de Andalucía, como Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

¡Conflicto en el Horizonte!

El enfrentamiento ha escalado, ya que Conde-Pumpido considera que la resistencia de Sevilla es una advertencia de insubordinación sin igual en la historia jurídica de España. Sin embargo, hay antecedentes donde la Justicia europea ha corregido decisiones del TC en otros países, tales como Rumanía e Italia, lo cual podría jugar un papel en esta contienda.

El TC, consciente de la gravedad del asunto, ha solicitado un informe a letrados para respaldar su postura frente a la Audiencia de Sevilla, y en la última reunión del pleno se decidió que se revisará la providencia de la Sección Primera antes de tomar una nueva decisión.

Conde-Pumpido, sin intención de retroceder, está decidido a que la Audiencia aplique las sentencias del TC en el caso ERE. Se planea discutir si el tribunal andaluz debería presentar una cuestión prejudicial ante el TJUE para desestimar las sentencias que reducen las condenas de los involucrados.

El TC ha invocado artículos de la Ley Orgánica que le otorgan amplias facultades para hacer cumplir sus decisiones, argumentando la necesidad de proteger la jurisdicción constitucional. Cabe destacar que este tema está vinculado a eventos pasados como el referéndum ilegal del 9-N en Cataluña, donde el Constitucional tuvo que hacer frente a la desobediencia institucional.

Por otro lado, el propio artículo 4.1 de la ley del Constitucional estipula que este debe definir y preservar su jurisdicción, impidiendo que otras instancias evalúen sus resoluciones. No obstante, la Audiencia de Sevilla critica que el enfoque del TC sobre la corrupción pueda poner en peligro el patrimonio público, argumentando que la justificación de las ayudas estatales no debe eximir de responsabilidad a los ex responsables políticos del despilfarro de fondos públicos.

En definitiva, los jueces de ambos tribunales parecen estar muy decididos a mantener su postura, dejando la decisión final en manos del Constitucional. Este conflicto no solo podría redefinir la interpretación de la corrupción y sus penas en España, sino que también podría tener repercusiones en la credibilidad de las instituciones judiciales.