El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha decidido poner fin a las negociaciones con la CEOE sobre la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas para 2025. La patronal, en la última reunión celebrada este jueves, ratificó su rotundo 'no' a esta importante medida, lo que ha llevado al Ministerio a buscar un acuerdo exclusivamente con los sindicatos.

El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, expresó su decepción tras la ruptura de las negociaciones, afirmando que no habrá más convocatorias para discutir la reducción de la jornada laboral. Esta decisión llega después de 11 meses de intensas conversaciones, donde la CEOE se ha mostrado inflexible a pesar de la necesidad de ajustes reales para favorecer la calidad de vida de los trabajadores.

Pérez Rey, visiblemente frustrado, destacó que la CEOE ha elegido ignorar el bienestar de 12 millones de trabajadores a favor de intereses que no parecen alinearse con la defensa de los intereses empresariales. "Es inaceptable que, tras tanto tiempo, no hayan presentado ninguna contrapropuesta y su último argumento sea que sólo la negociación colectiva puede reducir la jornada", declaró.

Con la patronal fuera de la conversación, el Ministerio se centrará en la negociación con los sindicatos CCOO y UGT. Esta nueva dirección implica que algunas propuestas iniciales, como ayudas y apoyos a las empresas, podrían desecharse, ya que el enfoque ahora estará en solidificar un acuerdo solo con los representantes de los trabajadores.

Además, Pérez Rey anunció que a partir de mañana se iniciará un trámite de consulta pública para el anteproyecto de reducción de jornada, con la esperanza de que el proceso avance rápidamente. Se espera que este anteproyecto sea enviado a las Cortes Generales para su aprobación definitiva, marcando un avance histórico hacia una mejor conciliación laboral.

Esta situación ha reavivado el debate sobre la jornada laboral en España, un tema que ha cobrado relevancia en los últimos años especialmente tras la pandemia, donde muchos trabajadores han exigido un cambio en sus condiciones laborales. Mientras el Gobierno prepara su nuevo enfoque, los sindicatos han manifestado su compromiso de trabajar estrechamente para asegurar que los derechos de los trabajadores sean priorizados en las próximas negociaciones.