La justicia italiana ha lanzado un bombazo contra el grupo aceitero Deoleo, conocido por ser el propietario de marcas emblemáticas como Carbonell y Koipe, reclamando una exorbitante suma de 89 millones de euros. Esta decisión surge tras una inspección aduanera a dos de sus filiales que ha sacudido los cimientos del sector.

La filial afectada, Carapelli Firenze, recibió la noticia de una sentencia desfavorable por parte de un tribunal de segunda instancia italiano, un golpe inesperado que ha obligado a Deoleo a reaccionar rápidamente. Según declaraciones a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la disputa se originó a raíz de una minuciosa inspección aduanera iniciada en 2014.

La controversia gira en torno al "contrato de procesamiento por encargo" que Carapelli International, un negocio actualmente disuelto, había firmado. Carapelli Firenze se encargaba de procesar aceite de oliva importado de fuera de la Unión Europea, aprovechando importantes beneficios fiscales bajo la normativa aduanera italiana. Sin embargo, la Oficina de Aduanas sostiene que Carapelli Firenze no debía beneficiarse de este régimen fiscal, argumentando que Carapelli International carecía de la autonomía necesaria en la toma de decisiones.

Afrontando este desafío, Deoleo planea solicitar la suspensión del pago de la monumental cantidad que incluye 26 millones de euros en intereses. Además, la empresa ha dejado claro que llevará la sentencia ante la Corte de Casación. "Defendemos nuestra posición legal con sólidos argumentos", aseguran desde la compañía.

Deoleo no se detiene ahí. Pretende que la Corte de Casación eleve una cuestión prejudicial al Tribunal de la Unión Europea. Advierten que, de confirmarse la postura de la Oficina de Aduanas, las operaciones de grupos multinacionales en Europa podrían quedar seriamente comprometidas. Esta no es solo una batalla legal, sino un posible cambio en la forma en que se manejan las normativas aduaneras en el continente.

Por otro lado, la compañía insiste en que Carapelli International contaba con la substantividad económica necesaria para cumplir sus obligaciones contractuales, además de que la propia Oficina de Aduanas había reconocido la validez de dicho contrato. Este episodio se suma a las pérdidas de 34 millones que Deoleo reportó en el ejercicio 2023, atribuibles a la escalada de precios del aceite, lo que hace que la situación sea aún más crítica.

La incertidumbre se cierne sobre el futuro de Deoleo, y será fundamental seguir de cerca cómo se desarrollan estas cuestiones legales. El ecosistema del aceite en Europa podría estar a punto de experimentar una transformación radical. ¿Qué pasará si los tribunales fallan en contra de Deoleo? ¡La respuesta podría cambiar todo el panorama de la industria aceitera!