El Gobierno de Zaragoza está a punto de aprobar un nuevo protocolo antiokupación en su reunión de esta semana, el cual establecerá criterios específicos para que la Policía Local actúe eficazmente. Este cuerpo de seguridad se ha caracterizado por mantener un contacto directo con los ciudadanos, con el objetivo de proteger sus derechos y libertades fundamentales.

El consejero de Presidencia y Seguridad Ciudadana, Ángel Lorén, ha enfatizado la importancia de esta medida, recordando que fue uno de los compromisos de la alcaldesa Natalia Chueca en el Debate sobre el estado de la Ciudad. "Zaragoza busca herramientas para combatir la ocupación ilegal en respuesta a la falta de acción por parte del Gobierno de España", declaró. Lorén lamentó que la okupación está afectando la seguridad y calidad de vida de los vecinos, señalando que se ha incrementado casi un 40% en los últimos seis años en España.

Aunque la semana pasada el Congreso aprobó una nueva ley que facilita el desalojo de inmuebles en poco tiempo, Lorén expresó dudas sobre su implementación debido a la oposición de algunos miembros del PSOE. Según él, esto refleja una gestión errática por parte del gobierno actual, que a menudo cambia de postura.

Desde 2021, el Ayuntamiento de Zaragoza ofrece un servicio gratuito de asesoramiento jurídico para aquellos afectados por okupaciones, con más de 340 consultas atendidas en tres años. Las estadísticas indican que el 36,4% de estos casos se concentran en Las Delicias, seguido del 18% en Casco Histórico y el 9% en Oliver-Valdefierro.

El consejero argumenta que este nuevo protocolo busca fortalecer la seguridad en los barrios, dado que el Ministerio del Interior no ha aumentado los recursos necesarios para combatir este problema. La iniciativa se basa en instrucciones previas de la Fiscalía General del Estado y en diversos artículos de la Constitución Española que garantizan la seguridad del hogar y la inviolabilidad del domicilio.

El protocolo permitirá a la Policía Local actuar en dos ámbitos principales: identificación y desalojo. En casos de okupación que impliquen violencia o intimidación, la policía podrá proceder con detenciones. Sin embargo, en situaciones sin violencia, las detenciones solo serán viables si los okupas no tienen domicilio conocido o pueden proporcionar una fianza adecuada.

Con este nuevo enfoque, Zaragoza espera marcar una diferencia en la lucha contra la ocupación ilegal y ofrecer una mayor protección a sus ciudadanos. ¡No te pierdas las actualizaciones sobre este tema crucial!