La Fiscalización ha solicitado la inclusión de un correo electrónico crucial enviado por Gonzáles Amador a la Abogacía del Estado en el marco de la causa principal.

Este correo, fechado el 2 de febrero de 2024, es clave porque en él Gonzáles Amador propone aceptar dos delitos fiscales a cambio de alcanzar un acuerdo que permitiría una reducción de su pena. El contenido del correo fue confirmado por varios periodistas que afirmaron haberlo recibido antes de que se hiciera público, generando un aluvión de especulaciones y análisis en los medios.

La madrugada del 13 al 14 de marzo, las noticias comenzaron a circular, lo que llevó a la Fiscalización de Madrid a emitir un comunicado aclaratorio que derivó en la investigación en curso contra García Ortiz.

Se ha identificado un dictamen pericial informático que indica que el correo enviado a la Abogacía del Estado, a las 12:58 horas, contenía información paralela a un mensaje anterior que el abogado del empresario envió al Ministerio Fiscal solo 10 minutos antes. Este descubrimiento es crucial, ya que la defensa de Gonzáles Amador nunca mencionó este correo en los documentos judiciales, lo que plantea dudas sobre su transparencia y la legalidad de sus acciones.

La Fiscalización ha destacado que el número de destinatarios del mensaje y sus identidades no se ajusta a las acusaciones en curso, lo que hace aún más relevante un análisis exhaustivo de las divergencias entre ambos correos y los documentos que luego se hicieron públicos.

El caso ha atraído la atención del Tribunal Supremo, donde el juez Ángel Hurtado ha decidido mantener la investigación del fiscal general, debido a la sospecha de que pudo haber filtrado información confidencial. Este hecho se produce en un contexto donde, tras cerrar el círculo, el contenido del correo se filtró a la prensa.

La Abogacía General argumenta que si Gonzáles Amador envió este correo con la propuesta de pacto a la Abogacía del Estado, entonces se invalidaría el carácter confidencial del contenido, lo que podría tener consecuencias legales significativas. Además, subraya que para ese momento, el letrado no podía ser parte de ninguna actuación, lo que añade un nivel de complejidad a toda la situación.

Por si fuera poco, Gonzáles Amador ha tomado decisiones que lo colocan en una posición de exposición pública y ha renunciado a la privacidad respecto a ciertos datos, ya que también envió el correo de defensa a Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, el 12 de marzo. Este giro en los acontecimientos abre un abanico de interrogantes sobre las implicaciones legales y políticas que podrían surgir.

Este escándalo no solo tiene repercusiones judiciales, sino que también podría afectar la carrera política de Díaz Ayuso y crear un mayor escándalo en el panorama político actual, donde la transparencia y la legalidad son más críticas que nunca.