Más de 50 periodistas de tribunales han firmado un manifiesto en el que expresan su rechazo a la investigación contra cuatro colegas por informar sobre la causa que involucra al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Estos redactores enfrentan acusaciones de revelación de secretos, insistiendo en que solo estaban cumpliendo con su "deber constitucional" de informar al público sobre un "asunto de interés general".

El manifiesto, apoyado por 55 periodistas de alrededor de 30 medios de comunicación, ha sido dirigido a la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Celso Rodríguez, y a la decana de los Juzgados de Plaza de Castilla, María Jesús del Barco. En él, enfatizan el "derecho de la sociedad a contar con información veraz sobre procedimientos judiciales de gran relevancia social e institucional".

Esta defensa llega en un momento crítico, ya que el Juzgado de Instrucción 20 de Madrid ha convocado a declarar a periodistas de medios destacados como El País, El Mundo y 20 Minutos el próximo 19 de julio, en calidad de investigados. La investigación se basa en las informaciones publicadas el 25 de noviembre, donde se incluían detalles sobre un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, el cual analizaba las comunicaciones interceptadas de la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, a instancias del Tribunal Supremo.

Los cuatro periodistas se enfrentan a las mismas acusaciones que el fiscal general, Álvaro García Ortiz, y la fiscal jefa de Madrid, Pilar Rodríguez, en relación a la filtración de un correo del abogado del novio de Isabel Díaz Ayuso, donde se reconocían dos delitos fiscales.

Este caso subraya la creciente tensión entre la libertad de prensa y las instituciones judiciales en España. La denuncia por parte de los periodistas ha dejado al descubierto la necesidad de proteger la labor periodística, especialmente cuando se trata de informar sobre temas que afectan a la sociedad. La defensa de la transparencia y el acceso a la información se convierte en un pilar fundamental para el fortalecimiento de la democracia. Sin duda, este evento ha creado un precedente que podría influir en futuras decisiones sobre la relación entre el periodismo y el sistema judicial.