Victoria Salinas, una educadora social de 31 años, se ha convertido en una voz influyente en la lucha por la seguridad de los educadores y los menores en centros de reforma. El año pasado, tras casi siete años trabajando en el centro cerrado Zambrana de Valladolid, decidió dejar su puesto por falta de seguridad. "Renuncié a mi proyecto de vida porque no podía seguir corriendo de un lado a otro, soportando insultos y agresiones a mis compañeros", declaró Salinas.

La decisión de Salinas de renunciar al trabajo surge después del trágico asesinato de Belén Cortés, otra educadora de 35 años, quien fue asesinada por tres menores que estaban bajo su cuidado en un hogar de inserción sociolaboral en Badajoz. Este horrendo suceso ha destacado la urgente necesidad de mejorar la seguridad y los protocolos en estos centros, lo que llevó a Salinas a iniciar una campaña en change.org.

En menos de una semana, su petición logró reunir 100.000 firmas, que entregó este martes en la sede del Ministerio del Interior, demandando una respuesta contundente para que este tipo de tragedias no vuelvan a ocurrir. Desde el ministerio han asegurado que recibirán su solicitud, pero Salinas está decidida a no dejar que este asunto se diluya. "Exigimos que se tomen medidas en memoria de Belén y para proteger a quienes trabajan en estas instituciones", afirmó.

La ley del menor permite que los fiscales y jueces determinen las medidas judiciales para menores infractores, sin embargo, no aborda cómo deben operar internamente los centros ni los niveles de seguridad que deben tener los educadores. Los gobiernos autonómicos son responsables de estas regulaciones y del financiamiento, aunque muchas veces estas instituciones están gestionadas por empresas privadas, lo que complica aún más la rendición de cuentas.

Salinas denunció que la proporción de educadores por menor suele ignorarse y las bajas laborales de los trabajadores no se cubren. Además, en su centro, el protocolo seguía siendo de la época anterior a la ley antitabaco, ¡incluso mencionando áreas donde los menores podían fumar! Esta falta de actualización y formación del personal es alarmante. "La ley estipula que el personal debe estar adecuadamente titulado, pero una vez dentro, muchos ni siquiera son informados de cómo actuar", lamenta Salinas.

La situación en estos centros es insostenible y, además de ser un riesgo para los educadores, también afecta la rehabilitación de los menores. Sin cambios, el ciclo de violencia y falta de seguridad podría perpetuarse. La valentía de Victoria Salinas podría ser el catalizador necesario para empujar a las instituciones a hacer cambios significativos y necesarios en la protección de todos los involucrados. Sin duda, seguirá luchando hasta que las cosas cambien.